A menudo escuchamos o vivimos de cerca la degradación de los servicios de las corporaciones públicas tales como los servicios policiales, o la educación pública, por ejemplo. Una de las principales causas de esta degradación de los servicios lo constituye la presión presupuestaria generada por la indisponibilidad de recursos que a su vez es generada por la práctica, cada vez más común de estas corporaciones públicas de ofrecer sus servicios actuales comprometiendo los ingresos futuros. Esta práctica, que se enmarca perfectamente dentro de las corriente populistas y socialistas, cada vez más de moda en América, constituye una aberración desde el punto de vista económico.
Tomemos por ejemplo el caso, muy generalizado por lo demás, de los excelentes planes de retiro o jubilaciones que se otorgan a los educadores, servicios policiales, bomberos, etc. Estos planes se aplican al personal que prestan sus servicios en un determinado periodo de tiempo actual, pero los recursos necesarios para el plan de retiro deben ser pagados por los contribuyentes futuros. Por esta razón nos encontraremos que los costos futuros de estos servicios serán exageradamente altos y por tanto o se darán en forma limitada a una parte de la población, opción negada en sí misma, o la calidad de dichos servicios se deteriorará de forma acelerada.
Si vemos la definición de costo como la cantidad de un recurso que se debe sacrificar para satisfacer una necesidad u obtener otro recurso o, lo que es lo mismo, la transferencia de valor que le hace un recurso a otro durante un proceso productivo, podemos deducir que no es correcto desde el punto de vista económico que se computen a los servicios futuros, costos que ocurren como consecuencia de la prestación de los servicios de hoy.
Es claro entonces que se requiere asegurar, mediante la legislación pertinente, el costeo correcto de los servicios públicos en el sentido de que sea prohibido asignar costos en el futuro a servicios que se están prestando en el presente. Esta acción permitiría por un lado parar el abuso de los políticos deshonestos de jugar al populismo y por otro motivar la búsqueda de soluciones más innovadoras en la prestación de los servicios públicos.
Aun cuando puede haber muchas maneras de hacer esto, una es a través de la contratación de planes de retiro en los cuales todos los pagos que la institución haga para dichos planes cesan al momento del retiro de la persona. Es decir, cualquier pago hecho a un extrabajador o en nombre de él, no puede ser cargado, y por tanto no puede ser parte del presupuesto, de los servicios que se prestan en los actuales momentos.
Como dijimos, esto es solo una opción, somos de la opinión de que deben explorarse todas las posibilidades que conlleven a garantizar un mejor bienestar social a través de la aplicación de las técnicas presupuestarias y financieras en la dirección de las instituciones públicas.